Discursos de "Progreso y Modernidad", legitiman la destrucción del patrimonio cultural.
Isabel Muñiz Montero

Cuando analizamos los usos sociales que se dan al patrimonio nos encontramos con que el Estado cuenta con instituciones y leyes que gestionan, protegen y promueven el patrimonio. (García 1993, 50). El artículo 42 de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas determina que "las autoridades competentes deberán regular con el fin de proteger una zona de monumentos, (Becerril 2003, 53).

Para Becerril, La Ley Mexicana de Monumentos carece de una visión de "riqueza del patrimonio cultura", es decir "de valor cultural"; en otras palabras, la ley no regula todos los aspectos relacionados con el patrimonio y el valor que tiene para la sociedad. Así, la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas no protege otras categorías de patrimonio involucradas con estos lugares: lugares sagrados, lugares conmemorativos, lugares históricos, lugares familiares, etc. (Becerril 2003, 54).

Vincular a la población y hacerle tomar conciencia de la importancia de preservar el patrimonio, no es tarea fácil. Para García Canclini(1993, 43-44) los grupos sociales se relacionan de diferente manera con el patrimonio; de tal forma que algunos grupos no podrán relacionarse con algunas formas de patrimonio. Pero este acceso diferente al patrimonio se origina en las diferencias económicas y de clase social. De esa forma, el patrimonio se convierte en un espacio de lucha material, y simbólica, entre las clases y los grupos sociales. Patrimonio es también un espacio de lucha o resistencia entre las clases, en donde la explotación y la deposeción se hacen evidentes.
Nociones como patrimonio y modernidad se enfrentan creando así contradicciones en las que inevitablemente se favorece a ciertos intereses y se desconocen los derechos de los lugareños.

En realidad los discursos de "progreso y modernidad" ocultan intereses económicos favorables a los empresarios que se han asentado en la región, y la capacidad del Estado de apropiarse (a veces de manera violenta) de los bienes patrimoniales. El turismo ecológico y cultural que a simple vista podrían ser opciones para conservar los bienes patrimoniales, son en realidad discursos que ocultan formas de comerciar el patrimonio a favor de intereses particulares.
Para Churchill:
El uso de conceptos "neutrales" como el desarrollo, el ordenamiento y la regulación intentan disfrazar la existencia de posiciones políticas a favor de una clase o un grupo social. Asimismo, el concepto jurídico de la "utilidad pública" pretende allanar las desigualdades de poder económico y político que existen entre burguesía y clase obrera, el gobierno y sus agencias y los ciudadanos, y aun los propietarios y los inquilinos (Churchill 2002, 54).

Una mirada profunda a los cambios y transformaciones que se hagan sobre el patrimonio nos debe permitir detectar en los discursos de "progreso" y "modernidad" intereses que no son los de la comunidad, y donde la defensa del patrimonio es lo que menos importa cuando los intereses económicos se anteponen.

Referencias:

Becerril, Miro, José Ernesto, "La Gestión Jurídica del Patrimonio Cultural En México" en Gestión del patrimonio cultural: Realidades y retos, Viladevall i Guasch, Mireia (comp.) Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Dirección General de Fomento Editorial; México, 2003.

Churchill, Coner, Nancy , "Una aproximación a la sociología del espacio urbano", en Conflicto, Violencia y Teoría Social: una agenda sociológica. Sergio Tishler y Genaro Carnero (comp.), Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, BUAP. México, 2001.

García, Canclini, Nestor "Los usos sociales del Patrimonio Cultural" en: El patrimonio cultural de México, Enrique Florescano (Comp.), Fondo de cultura Económica: México, 1993.